Los «arietes contra la corrupción» de Carmena acaban en el banquillo por malversación

«¿Por qué van a tener que dimitir si no hay nada contra ellos?». La pregunta que Manuela Carmena lanzó a los periodistas en junio de 2017, tras la citación judicial de Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer –entonces concejales de su Gobierno–, ha encontrado respuesta más de dos años después. El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha acordado el procesamiento de los dos exediles por presunta malversación en el caso del Open de Tenis, cuando encargaron a dedo dos informes externos para denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción el convenio entre el Ayuntamiento gestionado por el PP y Madrid Trophy Promotion (MTP) por presuntas irregularidades. La exalcaldesa y exjuez negó en la fecha que Mayer y Sánchez Mato estuvieran imputados y Ahora Madrid, incluso, llegó a calificarlos como «arietes contra la corrupción». Su posición, sin embargo, contrasta ahora con la de la juez que instruye la causa, que concluye que existen indicios de una «infracción penal». En el auto, fechado el pasado día 22, transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– y considera probado que tanto los dos concejales como la que fuera consejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, pudieron malversar fondos públicos al saltarse el marco normativo de la empresa municipal. Los dos informes, encargados a dos bufetes externos después de que la propia Asesoría Jurídica del Ayuntamiento no hallara irregularidades, le sirvieron a Mayer y Sánchez Mato para denunciar a varios miembros del equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón por un supuesto daño a las arcas municipales en la firma del convenio con MTP, en 2011. Se hizo sin concurso público y por un importe de 24.000 y 26.000 euros, respectivamente. Así, la magistrada señala que, habida cuenta de que las normas que rigen a Madrid Destino establecen que debe elaborarse un pliego de prescripciones técnicas en servicios superiores a 50.000 euros, existe un presunto quebranto de la obligatoriedad de no trocear contratos. «Vulnera la prohibición de fraccionamiento de los objetos de los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan», expone el auto. El escenario actual es que la Fiscalía Anticorrupción no solo no vio los delitos que planteaban en Ahora Madrid, sino que finalmente han acabado procesados por malversación. La juez, no obstante, no da lugar a la acusación del Grupo Municipal del PP –quien presentó la querella– de prevaricación y delito societario. El auto, contra el que cabe recurso, solicita al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares que formulen escrito de acusación antes de diez días. A espaldas del Gobierno La imputación de los concejales, entonces al frente de Economía y Hacienda y Cultura –ambos dentro de Madrid Destino–, supuso una de las grandes crisis de Gobierno en la marca municipal de Podemos. Primero, porque ignoraron su propio código ético y no dimitieron; segundo, porque presentaron la denuncia a espaldas del Consejo de Administración de la empresa pública y de la propia Carmena. Aunque la exregidora se afanó en restar importancia a este extremo, y alegó que no había «desconfianza», lo cierto es que el caso del Open de Tenis generó una gran tensión en Cibeles. Tanto, que a los pocos meses fueron destituidos; Sánchez Mato cesó de su puesto de presidente de Madrid Destino y Mayer fue apartada de Cultura. Antes de eso, no obstante, Carmena fue una más en el cierre de filas en Ahora Madrid, por encima incluso de la reprobación de la oposición en el pleno. «En calidad personal» La posición del partido ha sufrido un cambio radical en los dos últimos años, reflejo de sus luchas internas. Aunque la portavoz, Rita Maestre, hizo una defensa a ultranza de sus compañeros, denunciando una «maquinaría muy poderosa» en su contra, ayer no atendió a los medios, aunque posee el mismo cargo. En su lugar compareció el edil José Manuel Calvo, que desvinculó a ambos del Gobierno: «Es una decisión que se toma personalmente, los consejeros de las empresas públicas no están ejerciendo como representantes del Gobierno, sino en calidad personal».