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Cascos también será juzgado por los pagos de Foro a su exmujer y por cobrar mítines como conferencias

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias ha admitido el recurso de Foro Asturias contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo que había enviado a juicio a Francisco Álvarez-Cascos por apropiación indebida de solo 5.550 euros del partido en gastos personales, como zapatos, un test psicotécnico o entradas para ver el tenis. Posteriormente el instructor admitió otros 4.477 euros en gastos personales -entre ellos 3.290,60 euros «por el ajuar de una cama»-, pero la Audiencia Provincial ha dado la razón a los querellantes y ha enviado a juicio la totalidad del presunto desvío de fondos que desveló ABC y que figuran en la querella que interpusieron los actuales gestores de Foro. Entre ellos están los 174.000 euros que el partido pagó entre 2012 y 2014 por alquilar la sede de la empresa de la entonces esposa del exvicepresidente del Gobierno, María Porto. Pese a que el partido no tenía trabajadores en Madrid, Foro pagaba alrededor de 6.500 euros mensuales por usar la oficina de Porto, y lo hacía a la empresa Cinqualium, de la que el político había sido administrador único hasta 2011.

Del mismo modo, los tres magistrados envían también a juicio la apropiación indebida de dinero de la formación política para abonar reparaciones y mantenimiento del coche de la exesposa de Cascos por un total de 12.000 euros y los honorarios que el fundador de Foro Asturias cobró por su participación en mítines, que los facturaba como conferencias (25.000 euros). La Audiencia relata otros pagos «ajenos a la actividad política» como entradas para el Circo del Sol, flores, un nacimiento, turrones y estancias en los Paradores de Coria y Cangas de Onís. La suma total ronda los 300.000 euros.

La Sala «estima que la (juez) instructora no obró con acierto al delimitar los hechos» y corrige sus conclusiones. Los magistrados sostienen que han de ser las acusaciones, entre ellas la Fiscalía, «y no el instructor», quienes «definan el objeto del proceso, tanto en su vertiente fáctica como en el de la calificación que merezcan los hechos».

Básicamente, el auto sostiene que todos los gastos denunciados como apropiación indebida son similares y que será en la fase de juicio oral donde se determine qué cuantías concretas podría haber malversado Francisco Álvarez-Cascos mediante el cargo al partido de recibos y facturas de índole personal.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias recuerda ue «en el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, sirviéndose de su condición de presidente y de secretario general y de la inexistencia de un insuficiente sistema de control de gastos, (Álvarez-Cascos) cargó a las cuentas del partido gastos de naturaleza personal no relacionados con su actividad política y desvinculados de la actividad y del interés de Foro de Ciudadanos».

José Suárez, vicesecretario de comunicación de Foro, valoró ayer «muy positivamente» la decisión de la Audiencia: «Los jueces han puesto el foco donde debe estar -dijo a ABC-, en los presuntos delitos que cometió, incluidos gastos personales grotescos cargados al partido». Suárez añadió que se alegra «especialmente que la Audiencia incluya la facturación de los mítines de 2011 como conferencias por lo que representó de burla sin precedentes a la ilusión de los Asturianos y que demuestra más que ninguna otra cosa la catadura moral del personaje». «Hay que recordar que fue Foro Asturias quien, en su compromiso de lucha contra la corrupción, llevó a su fundador a los tribunales», remachó.

Por su parte, el abogado de Cascos, Luis Tuero, restó ayer importancia a la decisión de la Audiencia Provincial, «que es una cuestión de orden procedimental», y recordó a este diario que «la Fiscalía ya fijó su posición y sólo se refirió a 5.000 euros» (el Ministerio Público solicitó dos años de prisión).

Por otro lado, entre los años 2011 y 2019, Cascos cobró de Foro 1.043.868 euros en concepto de sueldo y dietas, con anualidades de hasta más de 150.000 euros. Estos importes no irán a juicio, dado que, por elevado que puedan parecer, fue el salario pactado y no se desprenden indicios de ilícito penal.

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