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Costa alcanza un pacto con la Fiscalía para evitar la pena de 6 meses de prisión

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La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales seis meses de prisión y una multa de algo más de medio millón de euros para el futbolista del Atlético de Madrid Diego Costa por un delito contra la Hacienda Pública relativo al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2014. Una petición que se mantiene hasta que se ratifique el acuerdo que el jugador, según información del club, alcanzó con la Fiscalía meses atrás y por el que ya pagó la multa correspondiente más intereses. Es el tribunal quien debe ejecutar ese acuerdo que se firmó hace meses. La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el jueves próximo el juicio por esta causa, en la que además el fiscal pide que Diego Costa sea condenado a pagar una multa de algo más de medio millón de euros. El fiscal recuerda que el 8 de agosto del año pasado Diego Costa ingresó en las arcas públicas 1.142.888 euros para satisfacer la deuda tributaria y en su declaración el 4 de octubre siguiente reconoció los hechos. En su escrito de acusación el fiscal aclara que junto con la defensa del acusado interesa la sustitución de la pena privativa de libertad que le pueda ser impuesta por una multa de 36.000 euros. El Ministerio Público relata que Diego Costa suscribió el 5 de agosto de 2013 contrato federativo de trabajo de jugador profesional con el Atlético de Madrid con vigencia hasta el 30 de junio de 2018. Añade que el 13 de junio de 2014 formalizó con el club un documento de liquidación de saldo y finiquito de ese contrato ya que iba a ser transferido al Chelsea de Londres y doce días más tarde ambas entidades acordaron el traspaso del jugador. De esta forma Diego Costa suscribió el 1 de julio siguiente un contrato de trabajo con el Chelsea con vigencia hasta el 30 de junio de 2019 y una retribución bruta de 10.021.000 euros por temporada. El fiscal agrega que «con el fin de cumplir con este contrato el acusado trasladó su residencias a Reino Unido el 20 de julio de 2014, teniendo por tanto la condición de residente fiscal en España en ese ejercicio con las obligaciones tributarias correspondientes». Destaca que cuando el 30 de junio de 2015 Diego Costa presentó la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2014, «movido por un ánimo de obtener un beneficio fiscal ilícito, omitió en sus rendimientos de trabajo el importe correspondiente a las retribuciones satisfechas por el Chelsea, que ascendía a 5.150.622 euros, sabedor de que estaban sujetos a retribución en España». Añade que también omitió «1.371.098 euros correspondientes a rendimientos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen, directamente por él o a través de la sociedades Sertora Investments Ltd., Chaland Limited y Stylebright Limited, interpuestas con el fin de hacer opacos esos beneficios». Respecto a las «aparentes cesionarias de los derechos de imagen» la Fiscalía señala que Diego Costa «ostentó el control de Sertora, siendo su beneficiario efectivo y cediendo sus derechos a Chaland y ésta Stylebright, cuyo único accionista era el acusado».
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