UDI sube el tono por la remoción de Cooper: “Representa un triunfo para el gobierno y un debilitamiento para la Fiscalía”

El pasado 16 de mayo, la Fiscalía Nacional informó la remoción del fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura. La decisión se adoptó luego de un dictamen de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió un recurso de amparo interpuesto por Josefina Huneeus -exesposa del fundador de la Fundación ProCultura-, y que declaró ilegal la intervención de su teléfono celular. La resolución señala que el procedimiento vulneró garantías fundamentales.

La decisión de remover a Cooper trajo rápidas reacciones y reproches por parte de la oposición, quienes calificaron la decisión del jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, como la “lamentable” e incluso presionaron a la Fiscalía para reintegrar a Cooper al caso ProCultura.

Este lunes la Unión Demócrata Independiente (UDI) volvió a cargar en contra del Ministerio Público y el Ejecutivo. En un punto de prensa realizado en su sede partidaria, el diputado y presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, sostuvo que la decisión del fiscal nacional “representa un triunfo para el gobierno y un debilitamiento para la Fiscalía“.

Según el parlamentario, “todo Chile fue testigo de cómo un fiscal llevó la investigación a fondo”. Además, dio cuenta que el lunes 12 de mayo las partes intervinientes recibieron cerca de 55 mil hojas de antecedentes de la investigación del caso, la cual está en varias regiones del país y tiene cerca de 30 aristas. “Los chilenos confiaban en que esta investigación iba a significar un giro en el que los de siempre no quedan impunes”, agregó.

El parlamentario aseveró que en “el peak de la discusión sobre el caso ProCultura, haber removido al fiscal Cooper es una muy mala señal. Nosotros no entendemos por qué se tomó la decisión tan rápida de removerlo, reemplazarlo y no se tomó la decisión obvia, que era apelar al amparo concedido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta“.

En esa línea, el presidente de la UDI emplazó al máximo tribunal del país y enfatizó en sus críticas a la Fiscalía Nacional: “Creemos que la Corte Suprema se referirá también a este  asunto. Pero ese recurso que franquea la ley, ese derecho que tenía la Fiscalía de apelar, por alguna razón la Fiscalía decidió no utilizarlo y reemplazar rápidamente al fiscal Cooper. Esta es una mala señal para la ciudadanía y la Fiscalía va a tener que demostrar rápido que la investigación no se ha congelado, de que se sigue adelante con la investigación de manera profunda, sin mirar a quién se está investigando, de tal manera de llegar a la verdad”.

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, se mostró “decepcionada” con la decisión del Fiscal Nacional y lamentó “la sensación de impunidad que queda en este caso“.

Asimismo, Hoffman detalló que “no son dos, tres meses, van a ser ya casi dos años en que desde que presentamos la primera querella”. “Y cuando se está llegando a la verdad, cuando se está descubriendo que el club de amigos del Frente Amplio de Alberto Larraín, que hoy día se encuentran muchos sentados en la mesa, están a punto de ser descubiertos, se cambia al fiscal”, aseguró.

“La verdad es que no podemos negar que es una decisión que nos dejó bastante desconcertados. Lo que nosotros hoy día le exigimos al fiscal nacional es que a través de esta decisión no se congele la investigación y que podamos tener prontamente las decisiones (….). La ciudadanía siente una sensación de impunidad gravísima a partir de las últimas decisiones“, cerró.

Por su parte, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, emplazó al Consejo de Defensa del Estado a hacerse parte de la causa: “Si queremos resguardar de verdad los recursos, perseguir a estos delincuentes y recuperar la plata para los chilenos, lo mínimo es que el CDE se haga parte de esta investigación para poder exigir y perseguir la ruta del dinero y así recuperar los miles de millones de pesos que hoy día están en manos de fundaciones que fueron creadas con la única finalidad de sacar dinero, quizás para campañas políticas y, de todas maneras, para el recurso a las personas involucradas en el caso de las distintas fundaciones ligadas al Frente Amplio”.

Coloma cuestionó al FA por la acusación de espionaje político que realizó contra la Fiscalía el pasado 10 de mayo a propósito de las últimas filtraciones del caso ProCultura y un supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de Gabriel Boric: Obviamente hubo presión por parte de parlamentarios del Frente Amplio, de hecho todavía hay una solicitud de destitución en curso. Aquí se hizo mucho lo imposible por sacar al fiscal Cooper de la investigación y eso es lo que nos parece grave y por eso nos parece tan complejo que la Fiscalía haya decidido removerlo cuando aún quedaban recursos de apelación pendientes”.

Los argumento de la Fiscalía para remover a Copper

Tras remover a Cooper, la Fiscalía Nacional, a través de un comunicado, aludió al artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público como fundamento legal para la remoción, apuntando a la “complejidad y gravedad” de la causa como elementos clave. La reubicación del caso busca “asegurar su continuidad y objetividad”.

“Estas decisiones se adoptan en resguardo del interés público y de los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público”, sostiene el texto difundido. La determinación blinda a la Fiscalía, pero también reconoce implícitamente los cuestionamientos que han emergido en la conducción del caso.

El mismo comunicado agrega que “el compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal”.

Tras la salida de Cooper, la causa fue reasignada a la Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por Juan Castro Bekios.