La Federación Española de Fútbol pide que se exima a la Selección de posibles embargos en EE UU durante el Mundial
La Real Federación Española de Fútbol ha pedido formalmente a los acreedores internacionales de España por los impagos de las renovables que excluyan a la Selección Nacional de la ofensiva judicial desplegada en Estados Unidos con motivo del Mundial de 2026.
En una carta remitida recientemente a los representantes de los fondos afectados por los recortes retroactivos a las primas energéticas, la RFEF se desvincula del Estado y reclama que cese una estrategia que amenaza con acompañar al combinado nacional durante toda su participación en el torneo.
La Federación argumenta que sus activos, incluidos los de la Selección, no están vinculados al Estado y que «debe quedar al margen» de la controversia de los laudos, según indican fuentes próximas a los demandantes.
La organización presidida por Rafael Louzán expresa además su preocupación por el impacto que la sucesión de resoluciones judiciales y actuaciones de los acreedores puede tener sobre el equipo en vísperas de la gran cita futbolística. La preparación para el Mundial «requiere tranquilidad y calma» que se ven rotas ante la sucesión de noticias negativas y golpes judiciales que se están sucediendo, añade.
Utilidad pública
Lo cierto es que la RFEF, constituida el 29 de septiembre de 1909, es una entidad asociativa privada, si bien es de utilidad pública, y por tanto se rige por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, por las restantes disposiciones que conforman la legislación española vigente, por sus Estatutos y su Reglamento General y por las demás normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus competencias.
La petición de la RFEF llega en un momento especialmente delicado. Los acreedores afectados por los recortes a las energías renovables han decidido ampliar notablemente su radio de acción en Estados Unidos y ya no limitan sus actuaciones a los estados donde España disputará la fase de grupos. Los fondos han registrado una de las sentencias federales favorables obtenidas contra el Reino de España en prácticamente todas las jurisdicciones estadounidenses que podrían albergar encuentros de la Selección a partir de las eliminatorias.
La documentación judicial refleja que la deuda ha quedado registrada ante tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee (donde se hospeda «la Roja» en la primera fase de grupos), Texas y California, entre otros territorios.
La medida fue autorizada el pasado 10 de abril por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, que permitió extender la inscripción de la sentencia a cualquier distrito judicial de Estados Unidos, facilitando así futuras investigaciones patrimoniales y eventuales procedimientos de ejecución o embargo de bienes españoles.
La estrategia supone un nuevo escalón en la presión internacional sobre España por el impago de los laudos por los recortes de primas a las renovables. Pero también aumenta el cerco sobre la participación española en el Mundial, ya que casi todas las grandes sedes estadounidenses por las que podría pasar la Selección están en la diana de los acreedores.
Hasta ahora, la atención se concentraba en Atlanta (Georgia), donde España disputa dos de sus tres encuentros de la fase previa, y Chattanooga (Tennessee), donde tiene su cuartel general. Sin embargo, el registro de la sentencia en los principales distritos federales estadounidenses extiende el alcance de las actuaciones a Los Ángeles, Miami, Dallas, Kansas City o Nueva York-Nueva Jersey, escenarios por los que podría pasar el combinado de Luis de la Fuente si avanza en su participación en la Copa del Mundo.
Fuentes próximas a los procedimientos aseguran que la expansión de los registros es clave para facilitar la localización de activos y eventuales bloqueos de pagos dentro de cada jurisdicción. «Los acreedores están utilizando todas las herramientas legales para hacer cumplir resoluciones firmes», señalan. A su juicio, «la expansión de los registros en EE UU demuestra que la fase de ejecución continúa avanzando».
España acumula 27 laudos internacionales pendientes de pago por esta causa. La factura total asciende a 2.316 millones de euros, de los cuales 552 millones corresponden a intereses, costes financieros y gastos legales generados durante años de litigios.
Los acreedores han logrado en las últimas semanas el bloqueo de 250 millones por orden de la justicia belga y el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos. El Mundial se ha convertido en uno de los frentes más visibles de esta batalla jurídica.