Los acreedores renovables reclaman a la FIFA datos sobre la Selección española de fútbol en el Mundial: desde Adidas a los campos de entrenamiento

"La Roja" está en el punto de mira de los acreedores renovables de España, a los que se adeuda la friolera de 2.306 millones de euros por los recortes. Como avanzó LA RAZÓN, la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de litigar contra las empresas afectadas y de demorar todo lo posible los pagos han colocado a la Selección Española de Fútbol en el foco judicial ante posibles embargos dentro de su participación en el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para empezar, los acreedores han demandado judicialmente conocer todas las fuentes de financiación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los importes por categoría, incluidos presupuestos anuales y estados financieros auditados. Asimismo, reclaman todos los acuerdos suscritos por la Federación vinculados con el Mundial sobre patrocinio, licencias, comercialización (merchandising), suministro de equipaciones/equipos, logística, instalaciones de entrenamiento, alojamiento, transporte, seguridad, servicios médicos y medios/marketing.

Los requerimientos de información sobre la participación de España en el Mundial alcanzan a la propia FIFA (FWC), a la que se solicita "cualquier acuerdo bajo el cual actúe como proveedor de Servicios de Organización de Torneos para España". Esto incluye todos los documentos relativos a pagos a o desde España, o en nombre de España (facturas, recibos, registros de pago, registros de transacciones, contabilidad, libros contables, estados de cuenta...).

Desde el hotel en Chattanooga al campo de entreno

La Copa del Mundo de fútbol, que arranca el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, se desarrolla en su inmensa mayoría en suelo estadounidense, donde se jugará la final el 19 de julio en Nueva York. España jugará dos partidos de la fase de grupos -contra Cabo Verde y Arabia Saudí- en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Georgia). Para esa primera fase, España se concentrará en la ciudad estadounidense de Chattanooga, en Tennessee.

El equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School. Unas instalaciones de alto rendimiento deportivo, catalogadas entre las mejores de Estados Unidos. El resto de la participación de España tiene todos los mimbres de que se desarrolle en Estados Unidos.

Ante el impago de los laudos, los acreedores han logrado ya siete sentencias favorables en tribunales estadounidenses para registrar los laudos, lo que supone que la justicia norteamericana reconoce "formalmente" a España como deudor. Este movimiento abre la puerta a ejecutar embargos sobre activos vinculados al Estado español en territorio estadounidense.

De hecho, esa fase ya ha comenzado. En el marco del caso que afecta a la firma RREEF, con una condena inicial cercana a 40 millones de euros -que se elevan a 74 millones al incluir intereses y costes adicionales-, se han puesto en marcha acciones de rastreo de activos a gran escala.

Las actuaciones incluyen el envío de decenas de requerimientos judiciales a empresas y entidades con relaciones económicas con España. Según la documentación remitida por los tribunales estadounidenses, se exige información detallada sobre pagos, contratos y vínculos financieros con el Reino de España.

Uno de los entes públicos afectados por esta dinámica es la Selección Nacional de fútbol y sus distintos organismos asociados, desde la Federación al Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El foco está especialmente en la participación de "La Roja" en el Mundial de Fútbol de 2026.

Los acreedores han dirigido requerimientos judiciales a compañías como Adidas, así como a cadenas hoteleras como Hilton, operadores logísticos y entidades vinculadas a infraestructuras donde tiene previsto entrenar la Selección española, como el complejo Baylor.

El objetivo es identificar flujos económicos susceptibles de embargo. Esto significa, según indican fuentes conocedoras de estos procesos, que los pagos y relaciones comerciales ligados a la participación de España en el Mundial están ahora bajo escrutinio judicial, y podrían ser intervenidos para satisfacer las deudas pendientes.

Según la documentación recabada por este diario, los acreedores piden identificar y describir "la estructura de gobierno actual de la RFEF, sus principales órganos de gobierno, su composición, alta dirección y todos los departamentos relacionados o responsables de la planificación, finanzas, operaciones, logística y patrocinios para el Mundial.

También que se describan todas las fuentes de financiación desde el 1 de enero de 2024, incluidas subvenciones públicas, ayudas de la FIFA, patrocinios/endosos, ingresos por retransmisiones/venta de entradas y cualquier apoyo o garantía respaldada por España.

Referente a la propia participación en el Mundial, se demandan todos los acuerdos -incluso con terceros- suscritos por España en relación con la Copa del Mundo incluidos los de patrocinio, licencias, suministro, logística, transporte y medios/marketing.

Para cada acuerdo o arreglo, los acreedores piden identificar cada pago realizado o prometido por o para España o la RFEF, incluyendo pagador, beneficiario, fecha, importe, método, banco, identificadores de cuenta del pagador y del beneficiario, referencia del pago y cualquier banco intermediario o procesador.

Y, por supuesto, se reclama cualquier cuenta utilizada por España para transmitir o recibir fondos relacionados con su participación en el Mundial.

En el caso de que la Federación figure como solicitante o beneficiaria de cualquier acuerdo de crédito comercial o cartas de crédito "standby" se exige la identificación, incluyendo facturas y conocimientos de embarque relacionados con la carta de crédito, cuando cualquier parte de la transacción subyacente esté relacionada con el Mundial.

También cualquier préstamo pendiente (incluidos acuerdos de recompra) en los que la RFEF figure como prestataria, garante o prestamista, incluyendo información sobre la finalidad del préstamo, las garantías utilizadas para asegurar el préstamo y las cuentas u otros medios de pago utilizados para su devolución.

Además, cualquier activo o propiedad de la RFEF, directa o indirectamente, en todo o en parte, que esté ubicado total o parcialmente dentro de los Estados Unidos es susceptible de embargo.