Escándalo en Reino Unido: acusan a la Policía de encubrir una amenaza islamista contra los aficionados judíos de un equipo de fútbol
La actuación de la Policía de West Midlands durante el partido entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv, celebrado el pasado noviembre, ha desencadenado uno de los mayores escándalos recientes en materia de seguridad y transparencia institucional en Reino Unido.
Lo que comenzó como una polémica por la prohibición de entrada a los aficionados israelíes ha derivado en acusaciones de encubrimiento, informes manipulados y una supuesta amenaza islamista que nunca fue revelada al Parlamento.
El lunes, altos mandos policiales comparecieron por segunda vez ante el Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes. Los diputados exigían explicaciones sobre la decisión de vetar a los seguidores del Maccabi Tel Aviv alegando motivos de seguridad.
La fuerza policial británica, acusada de encubrimiento y de fabricar argumentos para prohibir la entrada a seguidores del Maccabi Tel Aviv
Pero la sesión se convirtió en un nuevo desastre para la Policía: ese mismo día, un periódico británico publicó lo que sería la verdadera razón del veto. Según documentos internos, los agentes manejaban “inteligencia de alta fiabilidad” que apuntaba a que “elementos de la comunidad” planeaban armarse para atacar a los aficionados judíos.
La Policía no mencionó esta información en su primera comparecencia. Cuando los diputados preguntaron por qué se ocultó, el jefe de la Policía de West Midlands, Craig Guildford, respondió que era “la primera vez” que se le pedía ese detalle. La reacción de los parlamentarios fue de indignación inmediata.
La líder de la oposición, Kemi Badenoch, fue tajante: “La Policía de West Midlands capituló ante extremistas islamistas y luego colaboró en encubrirlo. Sabían que había planes para atacar a judíos por asistir a un partido de fútbol, y su respuesta fue culpar y expulsar a los propios judíos”.
A partir de ahí, la credibilidad policial se desmoronó. El informe que justificaba el veto citaba un supuesto partido previo entre el Maccabi y el West Ham en Reino Unido.
Ese partido nunca existió. Guildford admitió que, al no encontrar antecedentes en bases policiales, los agentes recurrieron a Google, cuyo buscador generó información errónea que acabó incluida en el informe oficial.
Otro punto crítico fue la afirmación del subcomisario Mike O’Hara, quien aseguró que la comunidad judía de Birmingham había pedido vetar a los aficionados israelíes.
Tras la primera comparecencia, O’Hara tuvo que disculparse por escrito: ningún representante judío apoyó la prohibición, y la Policía ni siquiera se reunió con ellos antes de imponerla.
La tercera pieza del escándalo llegó con la supuesta conversación por Zoom entre Guildford y la Policía de Ámsterdam. West Midlands justificó el veto alegando que en un partido previo en Holanda, cientos de aficionados del Maccabi habían protagonizado disturbios y delitos de odio.
Sin embargo, documentos judiciales holandeses y declaraciones oficiales de la Policía de Ámsterdam contradicen por completo esa versión: los ataques fueron perpetrados por grupos islamistas, y ningún aficionado israelí fue acusado de delito alguno.
Pese a ello, Guildford aseguró ante los diputados que sus homólogos holandeses le habían confirmado en privado la versión británica. No existe registro de esa llamada, ni notas, ni testigos. La Policía de Ámsterdam lo niega todo.
El caso ha reabierto un debate profundo sobre cómo gestionan las fuerzas de seguridad las amenazas extremistas y hasta qué punto el temor a tensiones comunitarias puede condicionar decisiones operativas. Para muchos analistas, el paralelismo con otros episodios, como los escándalos de explotación sexual en ciudades británicas donde la Policía evitó actuar por miedo a ser acusada de racismo, es evidente.
La presión política crece. Se pide la dimisión del jefe de Policía, una investigación por posible mala conducta en el ejercicio del cargo y una revisión completa de los protocolos de inteligencia y transparencia.
Por ahora, West Midlands Police mantiene silencio mientras el escándalo continúa escalando.