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El campo de fútbol de élite en el que se prohíbe saltar: claroscuros con el estadio que sustituye dos años a La Romareda

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El recinto provisional, inaugurado a tiempo, ha costado 15 millones de euros pagados en su mayoría por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza

El Real Zaragoza incumple su primera aportación para el nuevo estadio, de 6,8 millones, y obliga a reprogramar los pagos

Hasta tres años de castigo... por saltar en un campo de fútbol de élite. El estadio provisional en el que el Real Zaragoza va a disputar sus partidos mientras se levanta la nueva Romareda, estrenado recientemente, acumula alguna nota positiva y muchas quejas. Financiado en su mayor parte con dinero público, tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza aportan información, aunque con cuentagotas, sobre el modelo de gestión impulsado, por el que la sociedad anónima deportiva paga un canon a cambio de quedarse con la explotación del recinto y de su entorno.

En cuanto al uso del campo por parte de los espectadores, hay opiniones variadas, pero no faltan las críticas. Y eso que la ciudad atraviesa la etapa meteorológica más benigna del año: sin cierzo, frío ni lluvia.

La infraestructura, para más de 20.000 espectadores y levantada en seis meses, no estaba prevista en el cronograma inicial para el nuevo estadio, pero las estrecheces en los plazos obligaron a los tres socios –las dos instituciones y el club de fútbol– a optar por esta opción para llegar a tiempo a la temporada 2027-28.

Los tiempos del campo provisional sí que se han cumplido, por lo que el Real Zaragoza puede jugar en el denominado Ibercaja Estadio desde el inicio de la competición. También el presupuesto, aunque en este caso con matices: se ha rebajado algo la previsión de los 15 millones de euros, pero porque al final se ha sacrificado la cubierta de tribuna, que hubiera generado sobrecostes.

De este importe, 2,5 millones de euros provienen en solitario del Ejecutivo autonómico, que ha asumido la urbanización en su condición de propietario del suelo. A cambio, según un acuerdo de concesión demanial a la sociedad La Nueva Romareda aprobado en Consejo de Gobierno, esta entidad aportará 1.291.858 euros al Gobierno de Aragón. Lo hará, según fuentes autonómicas, “en especie o en 'cash'”.

El mencionado acuerdo también comprende el pago de una tasa de 240.611,88 euros anuales con actualización de IPC —o el periodo equivalente— de la sociedad a la DGA por el uso del suelo en estos dos años.

A su vez, el consejo de administración de La Nueva Romareda aprobó en julio el arrendamiento del recinto al Real Zaragoza por 26 meses, “susceptibles de prórroga hasta que el nuevo estadio de La Romareda esté plenamente operativo”. A cambio del pago de 250.000 euros anuales, más IVA —425.000 euros en Primera—, el Real Zaragoza explota el propio campo de fútbol, las barras de la 'fan zone' y las 1.582 plazas de parking, alquiladas a 150 euros cada una para los socios que lo deseen y de las que aún quedan un tercio vacías.

Con estos números, la propiedad de la sociedad anónima deportiva tiene en su mano recuperar todo el canon anual desembolsado por el uso del estadio.

Hace diez días, el PSOE criticó públicamente al equipo de gobierno del PP por su “oscurantismo” y la “falta de transparencia” en la gestión del campo modular. “Si no nos dan la información, nos da la sensación de que están ocultando algo”, señaló su portavoz, Lola Ranera. Los socialistas habían solicitado un mes antes información sobre los “instrumentos jurídicos” que regulan la cesión del suelo; la “relación contractual” entre la Nueva Romareda y el Real Zaragoza; el estado del “cumplimiento de las obligaciones” de los socios respecto a las “aportaciones de capital”, y un informe sobre el estado de las cuentas de la propia sociedad.

En cuanto al estadio en sí y su uso por parte de la afición zaragocista, hay más sombras que luces. Empezando por el mismo hecho de que esté prohibido saltar, algo que también afectaría lógicamente en el hipotético caso de que el equipo ascendiera de categoría y recibiera a clubes de notoriedad internacional como el Real Madrid o el FC Barcelona. Y una circunstancia que transmite cierta inquietud en cuanto a la seguridad de la construcción.

“Tendrá prohibido el acceso a las instalaciones por un periodo comprendido entre un año y tres años y la pérdida de la condición de socio/a o abonado/a durante el mencionado periodo”, advirtió en un comunicado el club a los posibles incumplidores. Por el momento, no han llevado a efecto estas sanciones, pese a que –como es lógico dado el fin del recinto– sí que ha habido espectadores saltando.

La grada de animación ha sido el otro gran foco de polémica. En un principio el Ayuntamiento la anunción, pero posteriormente la propia alcaldesa la descartó por motivos de seguridad. Y más adelante se dio luz verde a este espacio en la parte inferior del Gol Sur, donde el público está de pie todo el partido.

Lo cual, a su vez, ha generado críticas entre los aficionados situados justo detrás, donde no se puede ver los partidos sentados. Y estos no son los únicos problemas de visibilidad que hay en el Ibercaja Estado.

También ha habido malestar entre la afición por las estrecheces entre filas, por la frialdad que desprende el campo y por los precios de las consumiciones en la 'fan zone'.

Respecto a la movilidad, un punto muy delicado, los problemas se concentran a la salida, pero el Ayuntamiento ha actuado para reordenar el tráfico y tratar de agilizar el postpartido. Aun así, las filas son inevitables.

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