El presidente de la Federación de Fútbol, condenado por prevaricar, convoca una asamblea para cambiar los estatutos

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el condenado por prevaricación Rafael Louzán, ha convocado una Asamblea General Extraordinaria el día 10 de febrero. La cita, adelantada por El Mundo Deportivo, se celebrará solo cinco días después de que el Tribunal Supremo revise la inhabilitación durante siete años para cargo público que pesa sobre el principal responsable del fútbol español y que le impide, en teoría, presidir la RFEF, pese a que no se ha ejecutado porque todavía no es firme.

En el orden del día de esa reunión extraordinaria aparece el punto “asuntos jurídicos”, que incluye el subapartado “adaptación de los Estatutos a la normativa vigente y modificación”. Según informa este viernes El Mundo, la intención de Louzán es realizar algún tipo de movimiento que le permita pertrecharse al frente de la RFEF independientemente del resultado de la vista sobre su causa en el Supremo. Esta cita es el 5 de febrero y se prevé que el alto tribunal comunique su decisión en los siguientes días. Con la asamblea extraordinaria del día 10, el presidente de la RFEF pretende, según El Mundo, adelantarse a esa resolución.

Este diario ha preguntado a la Federación por esta cita, que no ha sido comunicada, pero no ha obtenido respuesta. El Consejo Superior de Deportes (CSD) confirma que no ha sido notificado de que se vaya a celebrar ninguna asamble, pero recuerda que “cualquier modificación de los estatutos o reglamentos debe ser comunicada al CSD para su aprobación por parte de la Comisión Directiva”. El Gobierno, que intentó maniobrar (sin éxito) para evitar que Louzán llegase siquiera al frente de la RFEF, observa desde fuera, pero de momento no interviene.

Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra con el PP, fue condenado por prevaricación en 2021, sentencia que incluía la inhabilitación durante siete años para ejercer un cargo público. Según la normativa, esta circunstancia impediría al gallego ocupar la presidencia de la RFEF. La ley del Deporte establece en su punto 6 que “cuando la persona titular de la presidencia o cualquier miembro de la junta directiva de una federación o liga profesional sean condenados por sentencia firme, deberán abandonar el cargo de forma inmediata”. Los estatutos de la propia RFEF añaden que para ser miembro de la Federación es necesario “no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos”.

Pero Louzán cree que la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, una entidad privada aunque considerada de interés público (representa al fútbol español en el mundo), no es un cargo público, por lo que esta normativa no le aplica. En cualquier caso, según las informaciones citadas, pretende asegurarse su continuidad con una modificación estatutaria que despeje posibles dudas.

Pero en este camino que habría emprendido Louzán hay otra piedra. La Ley del Deporte establece en su artículo 14 que es competencia del Consejo Superior de Deportes –esto es, del Gobierno que no quiere a Louzán en el cargo– respecto a las federaciones deportivas “autorizar su creación, así como acordar, en su caso, su liquidación y extinción; ratificar sus estatutos y reglamentos expresamente previstos en esta ley junto a sus modificaciones”.

Louzán llegó a la presidencia de la RFEF en unas elecciones sin rival tras el convulso año y medio en la RFEF que siguió a todo el caso Rubiales y la inhabilitación posterior de su sucesor, Pedro Rocha. El expolítico del PP se hizo con el cargo con la oposición del Gobierno, que amenazó con recurrir el proceso pero finalmente optó por esperar a la resolución definitiva del caso por prevaricación, que tendrá lugar finalmente a partir del próximo día 5, cuando el Supremo realiza la vista que debe decidir sobre el recurso planteado por Louzán contra su sentencia.