Cuarenta millones, comisiones ocultas y el empeño de Rubiales: así ha acabado el fútbol español jugando en Arabia Saudí

¿Qué pintan los clubes del fútbol español jugando en un país de monarquía absoluta, que el año pasado ejecutó a más de 198 personas, que decreta latigazos para personas LGTBi o que permite por ley la tutela de las mujeres? La respuesta tiene forma de número: los 40 millones de euros pactados en 2019 por Luis Rubiales con Sela, la sociedad estatal deportiva de la que es dueña la familia real saudí.

La Supercopa enfrenta a los campeones y subcampeones de la Liga y la Copa españolas y es una competición estrella de la Federación de Fútbol (RFEF), la entidad privada –aunque declarada de interés público– que maneja todas las categorías del fútbol, salvo Primera y Segunda (que es cosa de la Liga de Javier Tebas). Su ámbito de importancia incluye la selección masculina y femenina, la Copa del Rey o los mundiales –que organizará en España en 2030 junto a Marruecos y Portugal–.

La Supercopa se celebra en Arabia Saudí desde el año 2020, pese a las críticas de muchos colectivos, activistas, algunos futbolistas como Iñaki Williams o incluso de personas de la influencia del propio Tebas, que mostró su desacuerdo con la decisión de llevarse la competición a la península arábiga, decisión que había tomado su archienemigo Luis Rubiales, dimitido en 2023 tras el beso no consentido a Jenni Hermoso y varias causas de corrupción en los juzgados.

La nueva Federación, gobernada desde diciembre por Rafael Louzán con promesas de transparencia y renovación, no solo no ha enfriado el proyecto de jugar en un país que no respeta los derechos humanos a cambio de dinero, sino que ha aumentado la apuesta: “Los saudíes quieren desarrollar el fútbol femenino, ¿por qué no una Supercopa española femenina en Arabia?”, se preguntaba hace unos días a sí mismo el presidente de la RFEF en el descanso del Real Madrid y el FC Barcelona, como anticipo de lo que ya tiene en mente la Federación: ampliar sus acuerdos ahora que el fútbol femenino tiene más tirón. Para los detractores de la idea supone blanquear al régimen saudí que, mientras acogería y mostraría futbolistas libres e independientes en el césped, seguiría obligando a las saudíes a pedir permiso a sus maridos, padres u hombres de referencia para todo.

En la edición de este año, además, ha habido una denuncia pública de mujeres y familiares de los futbolistas del Mallorca, que dijeron haber sufrido “acoso” y “tocamientos” en la salida del estadio King Abdullah de Yeda cuando jugó el equipo. “Lo que debía ser uno de los días más felices de nuestras vidas terminó empañado por la angustia y el miedo”, relataba Cristina Palavra, pareja del futbolista Dani Rodríguez. Ahí la Federación no se preguntó nada, sino que dio una respuesta en un comunicado: Arabia Saudí no tuvo la culpa, ellas confundieron acoso “con un agobio”. En declaraciones a elDiario.es, la RFEF señaló que hay que “diferenciar bien” entre “acoso, que siempre se vincula a lo sexual”, y “un agobio”, cuando se vieron abrumadas por el “tumulto”. A otra cosa.

Todas las señales son claras y llevan a pensar que este personalísimo proyecto de Rubiales se quiere mantener, si no redoblar, con la idea de que también la categoría femenina, que se ha disputado hasta ahora en Almería o Salamanca, se desplace al reino saudí y que ningún “agobio” lo impida. El convenio de la competición masculina entró en vigor en 2020 y se prorrogó hasta 2029. Louzán ha manifestado su intención de ampliar el pacto con Sela hasta 2034.

El incentivo económico ha resultado muy goloso para la nueva federación, que minimiza las críticas. Según el contrato firmado con Arabia Saudí –al que ha tenido acceso elDiario.es y que está siendo investigado en un juzgado de Majadahonda (Madrid)– por cada edición de la Supercopa celebrada en aquel país, la RFEF se lleva 40 millones de euros, lo que supone el 10% de su presupuesto anual. De ellos, 20 entran para la entidad y sus gastos. Los otros 20 se reparten entre los clubes que participan, con prioridad para el Barça y el Real Madrid. Que un club modesto llegue a la final no solo no es bienvenido deportivamente, sino que está penalizado: si no queda finalista ninguno de los grandes (que cobran un fijo de 6 millones por participar), Arabia pagaría a la Federación 10 millones de euros menos. “Es la prueba de que lo de menos es el fútbol, es puro talonario”, explican algunas fuentes conocedoras y críticas con el acuerdo. El campeón se lleva dos millones. El finalista, uno. Llegar a la semifinal son 800.000. Pase lo que pase, en la Supercopa se hace caja, sobre todo la Federación y los clubes más poderosos.

Pero no todo es brillo y petrodólares. Una jueza de Majadahonda que investiga corrupción en la Federación en la época de Rubiales está analizando el contrato, después de la denuncia de Miguel Ángel Galán, presidente de una asociación de entrenadores enfrentado al granadino. Entre los motivos, una comisión oculta de 4 millones de euros anuales que se lleva el exfutbolista Gerard Piqué y que desvelaron varios medios de comunicación. La duda básica es en concepto de qué, ya que se le incluyó como comisionista con el contrato ya pactado entre la RFEF y Arabia Saudí. Como dice un informe de la Intervención incluido en la causa: si ya estaba la operación en marcha, ¿por qué se firma un segundo contrato para incluir la comisión de un agente intermediario? La sospecha de los técnicos es que Piqué, que se llevó el dinero a cuentas en Andorra, era comisionista de la RFEF (además de amigo de Rubiales) y no de Arabia Saudí. Lo que se intenta dilucidar en el juzgado es por hacer qué y por qué Rubiales tenía el enorme empeño en que Piqué se llevara ese dinero, hasta el punto que el contrato con Sela recoge que, si no se pagara al “agente” (el nombre de Piqué se mantiene siempre oculto en los papeles), el contrato decaería.

Cuando Rubiales llamó a rebato para que el acuerdo con el reino saudí saliera adelante y se defendiera con uñas y dientes desde la Federación, no encontró oposición entre su directiva ni sus empleados. Nadie rechistó, menos una persona: Ana Muñoz, vicepresidenta de Integridad, que dimitió tras dudar públicamente de la operación y la manera opaca y secretista en la que se había firmado. Pero no sirvió de mucho porque el contrato pasó todos los filtros éticos, de integridad y de compliance. Entre los motivos de este éxito para Rubiales hay un nombre: Tomás González Cueto, su mano derecha y cerebro jurídico de la RFEF, ahora investigado también en el juzgado de Majadahonda.

Los testigos que han ido pasando ante la jueza –entre ellos, el expresidente de la Federación Pedro Rocha, que acabó imputado– no han sido determinantes sobre quién tenía la responsabilidad o para qué servían las comisiones, dejando al descubierto que la RFEF la gobernaba una única persona, Rubiales, aunque se mantuviera una apariencia de estructura en la entidad.

Andreu Camps, secretario general de la RFEF con Rubiales, dio a la jueza un dato que ejemplifica el personalismo en la decisión que nadie rebatió: el país elegido para la Supercopa era Qatar, tras hacer un sondeo de mercado. Pagaba 33 millones, pero no penalizaba si el Madrid o Barça se quedaban por el camino. Cuando estaba a punto de firmarse el acuerdo, por algún motivo que dijo desconocer, Rubiales llevó a la mesa el nombre de Arabia Saudí, se rompió con Qatar y la RFEF apostó por ese contrato de manera determinada.

El propio exsecretario de la Federación achacó a una vicepresidenta la decisión de dar vía libre a que un jugador del Barça cobrara por trasladar una competición que implicaba al Barça: “Elvira Andrés le dijo a la federación que no había ningún conflicto de interés porque quien firmaba el contrato era Sela (...) y como la federación no era parte no tenía que informar”. Así, sin pasar por las comisiones o pasando por delante de miembros de la directiva que no lo frenaron y siguieron las directrices del entonces presidente, Arabia Saudí y la Federación de Fútbol español se conjuraron para un acuerdo que llevaría a los equipos españoles más importantes a jugar por una década en un país sin democracia.

La apuesta de Rubiales salió de adelante con sus comisiones millonarias y sorpasando todas las dudas morales –“¿así que pueden ir empresas o hacerse un Ave a la Meca, pero nosotros no podemos ir?”, se preguntaba en público cuando era cuestionado–. Ahora, su sucesor, Rafael Louzán, ve la apuesta y la dobla, con declaraciones que adelantan más Supercopas en Arabia Saudí y quizás otras competiciones, mientras la justicia investiga cómo y por qué se hizo aquel contrato y en favor de quién los mejores equipos españoles acabaron jugando a 6.000 kilómetros, en medio de un desierto y sobre el césped de un erial de derechos humanos.