JpC, ERC y comunes aprueban hoy las cuentas de una legislatura «sin recorrido»

El Gobierno catalán arrastra los mismos presupuestos desde marzo de 2017, cuando Carles Puigdemont y Oriol Junqueras consiguieron el visto bueno de la CUP para dar el último salto del procés secesionista (referéndum ilegal del 1 de octubre). Hoy, Quim Torra y Pere Aragonès, es decir, los sucesores de aquellos, conseguirán aprobar las cuentas para 2020. Un proyecto que se convertirá en ley en el Parlamento de Cataluña gracias a los comunes -bajo el control absoluto de Ada Colau- y que no está preparado, según denuncia la oposición, para afrontar las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas. A todo esto hay que sumar que la legislatura autonómica está finalizada, en términos políticos, pues así lo determinó el presidente de la Generalitat el 29 de enero, al anunciar que la desconfianza entre JpC y ERC, los partidos socios que forman el Ejecutivo catalán, era total y la relación entre ambos se había quebrado. «Esta legislatura ya no tiene más recorrido político. Llega a su final», dijo Torra. Aunque la crisis del Covid-19 ha apaciguado la disputa, las rencillas entre los dos grupos, -uno, JpC, heterogéneo controlado por Puigdemont desde Waterloo (Bélgica) y el otro, ERC, homogéneo, supervisado por Junqueras desde la cárcel, son constantes-, sobre todo, porque las dos formaciones aspiran a dominar el arco independentista en el Parlamento autonómico. El coronavirus solo ha aplazado lo que ya era insostenible a finales de enero. Más de 36.000 millones Con esta base tan frágil, el pleno catalán -reabierto tras 50 días cerrado, presencial, con 21 diputados, pero con algunos votos delegados y sin periodistas en el edificio- aprobará este viernes las cuentas de la segunda región de España si hablamos en términos presupuestarios, solo por detrás de Andalucía. La Generalitat gestionará, al menos sobre el papel, más de 36.008 millones, aunque el gasto no financiero está previsto que sea de 26.633 millones, cifra inferior a la del año 2008. Sin embargo, el Gobierno catalán, en la línea de la crítica realizada por Cs, PSC y PP, principalmente, reconoció ayer que el proyecto que se convertirá en ley hoy no está preparado para afrontar el reto de la crisis sanitaria del coronavirus, y tampoco las consecuencias económicas. Meritxell Budó, portavoz de la Generalitat, defendió -aunque hace unas semanas era partidaria de rehacer las cuentas- que a partir de mañana, con las cuentas aprobadas, «será el momento de reasignar partidas y definir nuevas prioridades». Un argumento sostenido y compartido por Aragonès, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, desde el momento en que dejó el proyecto presupuestario en manos del Parlamento de Cataluña. El visto bueno definitivo del pleno estaba previsto para mediados del pasado mes, pero Cs llevó ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) el proyecto de ley y las medidas de acompañamiento, al entender, entre otras cuestiones, que no se adaptaban a la situación de crisis que se está viviendo y que, por lo tanto, estaban desfasados. Este órgano consultivo, en lo esencial, decidió dar la razón al gobierno catalán, pero la iniciativa de Cs retrasó un mes la celebración del pleno. Hoy concluye el trámite presupuestario con la aprobación de la ley. Budó recordó este jueves la jugada de la formación liberal y pidió a la oposición que se sumen a los comunes de Colau en su apoyo al gobierno independentista: «Abandonen las posiciones partidistas, legítimas y comprensibles en períodos de normalidad pero difícilmente comprensibles en momentos de excepcionalidad». Un respaldo que no se dará, tal y como han avanzado los grupos de la oposición. Entre otros motivos, porque las cuentas de Torra siguen destinando alrededor de 1.000 millones de euros a fomentar el independentismo.