Ley de Competencia, ajedrez legislativo

La recién aprobada Ley de Competencia en Guatemala ha sido presentada como un hito en la regulación del mercado, pero su aplicación no será efectiva hasta 2026. Plantea interrogantes sobre su verdadero impacto y utilidad. Se abre la puerta a ajustes estratégicos según la composición del Congreso en los próximos años. Más allá de la retórica modernizadora, parece ser moneda de cambio en la negociación política y la administración del poder.

En perspectiva. La posposición de su aplicación deja un margen considerable para modificaciones futuras. Su contenido aún puede ser objeto de enmiendas coyunturales.

• Como señala el diputado Carlos Barreda, en el corto plazo hay cuestiones que deben corregirse. Así, la contradicción entre los artículos 30 y 47. O el régimen de multas que todavía causa incertidumbre. Se evidenció que el diseño no fue completamente técnico. Por el contrario, se encuentra sujeto a ajustes futuros.
• Para el sector privado, esta incertidumbre no es menor. Se busca prevenir prácticas anti competencia, pero su flexibilidad crea desconfianza entre inversores y empresarios. En mercados que dependen de la seguridad jurídica, una normativa con alcance variable por intereses políticos eleva el riesgo de decisiones arbitrarias.
• El retraso en la aplicación implica, asimismo, que el actual gobierno podrá capitalizar la existencia de la ley sin asumir directamente sus efectos. Con ello, la regulación de la competencia se convierte en un elemento de negociación.

En el radar. El sector empresarial ha manifestado su preocupación por efectos inciertos. Si bien establece reglas claras contra prácticas monopólicas y acuerdos anti competencia, el retraso en su aplicación deja un vacío regulatorio que puede provocar distorsiones en el mercado.

• Eduardo Mayora, abogado de Mayora&Mayora, indica que el éxito de cualquier acuerdo normativo está en su interpretación y aplicación, más que en su comunicación. “Sin recursos adecuados para su implementación, enfrentaremos circunstancias complicadas”.

• No basta con aprobar la Ley. Su efectividad dependerá de la capacidad del Estado para hacerla cumplir. El problema radica en que los sectores estratégicos seguirán operando sin supervisión real hasta 2026. Eso condicionaría el desempeño de las empresas.

• Mientras tanto, las grandes compañías continúan adaptándose a un entorno sin cambios significativos. La falta de supervisión hasta el próximo año podría favorecer prácticas que la ley pretende erradicar. Las PYMES, especialmente dependientes de condiciones de mercado equitativas, serían más vulnerables.

Entre líneas. El diseño de la Superintendencia de Competencia ha suscitado preocupación respecto a su independencia. El directorio será elegido por el Ejecutivo, el Congreso y la Junta Monetaria. Un esquema que podría dar lugar a la captura del ente regulador a manos de intereses políticos y empresariales.

• Barreda menciona que la formación de la Comisión de Economía del Congreso es clave para asegurar la transparencia. Tradicionalmente, esta ha sido influenciada por intereses particulares. Esto podría hacer que los nombramientos respondan más a conveniencias políticas que a méritos técnicos.
• La falta de independencia de la Superintendencia podría influir en la aplicación de la legislatura favoreciendo a ciertos actores sobre otros.
• Además, el retraso de la entrada en vigor permite que grupos con mayor poder económico puedan sortear mejor posibles regulaciones. En cambio, las PYMES enfrentan un futuro incierto.

Ahora qué. El futuro de la Ley sigue siendo impreciso. Es cierto que s existencia podría representar un avance en la regulación del mercado. No obstante, su aplicación diferida y las inconsistencias en su redacción provocan dudas sobre su verdadero impacto.

• El proceso de reformas en los próximos años determinará si estamos ante un instrumento efectivo o tan solo un marco normativo vacío.
• La capacidad del sector privado para adaptarse a esta nueva regulación dependerá en gran medida de la estabilidad institucional y la transparencia en la implementación de la norma.
• El desafío ahora es garantizar que no se convierta en una herramienta de control político. Debe ser un mecanismo para fortalecer aun más la libre competencia ya existente.