Eugenio Ribón, decano del ICAM, tras la condena a García Ortiz: "Velar por el secreto profesional es una obligación, no una opción"

El presidente del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), acusación en la procedimiento judicial que ha terminado con la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, asegura que denunciar los hechos era «una obligación» en defensa del secreto profesional y del derecho de defensa. Eugenio Ribón (Cádiz, 1974) afirma que «sin duda alguna» actuaría de la misma manera y lamenta que la polarización imperante esté «desdibujando algunos de los principios esenciales de nuestra convivencia y nuestro Estado de Derecho».

¿El ICAM ha tenido que pagar algún peaje por ejercer la acusación contra el exfiscal general? No todos han entendido la decisión de denunciar los hechos.

Es lógico en un colectivo de más de 75.000 compañeros que haya opiniones discrepantes siempre que se adopta cualquier decisión y también que parte de la ciudadanía tenga una opinión contraria. Pero para el ICAM no se trataba de ejercitar ninguna acción contra una persona concreta sino de defender un principio general. A partir de ahí sí sentimos que hay un cierto resentimiento en relaciones institucionales que deberían mantener una normalidad al margen de la posición que pueda tener el ICAM como garante no solo del secreto profesional, sino en defensa del propio Estado de Derecho. Hemos sentido algunas ausencias en actos institucionales cuando tradicionalmente acudían los representantes de las máximas instituciones del Estado. Hemos recibido recientemente también el recurso del Ministerio competente en materia de universidades a la aprobación del centro universitario ICAM. A partir de ahí, lo deseable es que esta afectación sea meramente pasajera y que se entienda que se actúa en defensa de los intereses generales de la sociedad, y por tanto del Estado de Derecho, y se normalice.

¿Considera que ese recurso es una represalia del Gobierno por la actuación del ICAM en el procedimiento por el que ha sido condenado García Ortiz?

Entiendo que si hay un mayor foco en el ICAM por parte de quien se haya podido sentir agraviado por la condena sería algo inédito. Resulta llamativo, por ejemplo, que la Universidad Carlos III tras haber aprobado por asentimiento la creación del centro universitario en el Consejo de Universidades, con posterioridad y de modo simultáneo con el Ministerio haya anunciado la interposición de un recurso contra el centro. Esto va contra los propios actos de la universidad y, al mismo tiempo, no olvidemos que el Ministerio otorgó el registro correspondiente al centro.

¿Era una obligación para la institución dar ese paso?

El ICAM esta obligado, por razón estatutaria y por su deber con la ciudadanía, a ser el primer garante del secreto profesional. Sin secreto profesional no hay derecho de defensa y sin derecho de defensa no hay Estado de Derecho. No es una opción institucional velar o no, o distraer la mirada, ante el quebrantamiento del secreto profesional. Es una obligación como primer garante del ejercicio de la profesión y, sobre todo, de las garantías de los ciudadanos.

¿A qué achaca que no se haya comprendido en ciertos sectores, incluso de la abogacía?

Vivimos en unos tiempos de mayor radicalización de posiciones políticas, de mayor polarización y, también, de intoxicación de los principios esenciales del Estado de Derecho. El espíritu de consenso que primó en la Transición parece que se va diluyendo y con ese espíritu de consenso también se van desdibujando algunos de los principios esenciales de nuestra convivencia y nuestro Estado de Derecho. Ante esa perdida de la brújula estratégica de nuestros principios esenciales, surgen voces discrepantes a las que les cuesta entender que el mantenimiento de esos principios está por encima de cualquier ideología política.

Respeto

El ICAM impulsa una campaña en defensa del secreto profesional. ¿Obedece esa iniciativa al deseo de clarificar su actuación en el «caso García Ortiz»?

No, el secreto fue un eje estratégico de la Junta de Gobierno desde su toma de posesión en diciembre de 2022. A partir de entonces se ha situado, a lo largo de muchas iniciativas, como un principio esencial que garantiza el ejercicio del derecho de defensa. Sin lugar a dudas, el detonante máximo de esta situación ha sido el ejercicio de la acción a raíz de la nota de prensa de la Fiscalía. Nunca hasta el momento nos habíamos encontrado con una violación tan grave del secreto profesional si no nos remontamos a las escuchas que ordenó Garzón, que también fue condenado precisamente por violar el secreto profesional.

¿Volvería a dar el mismo paso?

Sin lugar a dudas. Para el Colegio no es una opción ser vigilante del secreto profesional. Si vuelve a suceder, sea quien sea la persona a la que se haya podido vulnerar ese secreto, porque el ICAM no tutela un interés individual, sino un principio colectivo, el Colegio tendría la obligación de volver a ejercitar cuantas acciones estuvieran a su alcance para asegurar la permanencia del secreto profesional.

¿Qué le ha dolido más de las críticas a la actuación del ICAM?

La verdad es que es difícil. En términos generales hemos sentido un inmenso apoyo por parte de la abogacía. Las voces discrepantes, que aceptamos con respeto, han sido mínimas. Ningún jurista entiende el ejercicio de la profesión sin secreto profesional. Quizá lo que nos duela más es ver cómo se ponen en duda los principios esenciales del Estado de Derecho y la falta de consenso político para entender que hay determinadas líneas que están al margen de cualquier ideología.

¿La condena es justa?

Es la que ha apreciado el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial en España, que está compuesto por magistrados de una extraordinaria talla y experiencia. Por lo tanto, una vez que ha hablado la Sala nadie puede valorar la justicia o injusticia. Precisamente en eso consiste la separación de poderes y el respeto a las decisiones judiciales.

Más de 150 juristas defienden su inocencia y ven «inquietante» la sentencia.

A mí lo que me inquieta es que se cuestione un fallo del Tribunal Supremo y que, existiendo garantías procesales a lo largo de todo el enjuiciamiento, se pongan en duda precisamente por quienes tienen la responsabilidad de ser los primeros en acatar las resoluciones judiciales. Aparte, el número de 150 juristas, teniendo en cuenta que en nuestro país puede haber 300.000, no deja de ser cuantitativamente mínimo.

La filtración

¿Comparte la decisión de la actual fiscal general de permitir a García Ortiz incorporarse a la Fiscalía del Tribunal Supremo?

Ningún ciudadano, aun cumpliendo todos los demás requisitos para la colegiación, puede ejercer la abogacía con un solo antecedente penal. No deja de resultar llamativo que no pudiendo ejercer la abogacía con cualquier antecedente penal se pueda ejercer como fiscal de Sala en el Tribunal Supremo con antecedentes penales.

¿Está a favor del indulto?

El indulto es una prerrogativa del Gobierno sujeta al cumplimiento de los requisitos que establece la ley. El ICAM respetará cualquier decisión que pueda adoptarse siempre y cuando cumpla con los condicionantes establecidos en la jurisprudencia y no suponga ningún tipo de fraude de ley.

¿Le sorprendería que el Tribunal Constitucional concediese el amparo a García Ortiz?

La Sala ha sido extremadamente cuidadosa en preservar todas las garantías constitucionales. Este procedimiento ha pasado por un juzgado de instrucción, por el Tribunal Superior de Justicia y finalmente acabó en la Sala Penal de Tribunal Supremo. A lo largo de todo el proceso las defensas han tenido oportunidades permanentes de denunciar cualquier posible vulneración de derechos y cada uno de esos tribunales ha velado porque no se conculcara ningún derecho fundamental. Resultaría sorprendente cualquier pronunciamiento en contra, pero existe un régimen de recursos y por supuesto cualquier condenado tiene acceso al mismo. En todo caso, la sentencia consagra que el secreto profesional es la base del derecho de defensa. Y eso es inamovible haya indulto o haya amparo.

¿En qué posición quedaría el ICAM si se anulase la condena?

En el ejercicio del cumplimiento del deber. El ICAM tenía la obligación, y no la opción, de ejercitar las acciones correspondientes en defensa del secreto profesional y, por tanto, de las garantías del ciudadano. Si con posterioridad resultara una sentencia revocatoria por parte del Tribunal Constitucional sería una decisión judicial que respetaríamos y el ICAM simplemente habría cumplido con el mandato estatutario por el que viene obligado. El éxito no está en la condena o la absolución; la responsabilidad está en el cumplimiento de la exigencia del secreto profesional.

Respaldo

¿Denunciar la filtración es la decisión más complicada que ha tomado como decano?

Nunca es una decisión sencilla iniciar una causa contra quien debe ser el primer garante del Estado de Derecho. Pero es coherente con nuestros principios y respaldada unánimemente por la Junta de Gobierno. Es una decisión muy meditada y que sin duda alguna se volvería a adoptar ante un caso similar. No había alternativas ni dudas. En el momento en que solo hay un camino, la decisión se adopta con más tranquilidad.

La filtración por la que ha sido condenado García Ortiz, ¿tendrá consecuencias para el secreto profesional?

Ha habido dos momentos cruciales. En primer lugar, cuando se publica la nota de prensa la abogacía sufre una quiebra en la confianza en el secreto profesional. De hecho, se suspende el protocolo de conformidades con la Fiscalía a efecto de posibles negociaciones y se percibe también un mayor recelo de los profesionales a la hora de entablar posibles negociaciones. Con posterioridad, una vez que el Tribunal Supremo ha fallado y ha confirmado el secreto profesional como pilar esencial del derecho de defensa esa confianza queda restaurada y, por lo tanto, el fruto final del proceso es el fortalecimiento del secreto profesional.

¿Qué valoración hace el decano del ICAM de las reformas procesales en marcha? ¿Qué sensaciones percibe en la abogacía de la implantación de los tribunales de instancia?

La Justicia sin duda esta necesitada de reformas profundas y de una inversión que nunca se ha hecho por los distintos gobiernos. Sin embargo, la reforma que introduce los tribunales de instancia es una reforma no consensuada con los operadores jurídicos y sin dotación de los recursos suficientes. No basta con la publicación en el BOE de una norma para mejorar el estado de la Justicia si no va acompañada de medidas concretas. La realidad que vivimos hoy es un absoluto caos en los tribunales de instancia. Es tremendamente complicado acceder a cualquier expediente y localizar la ubicación física donde se esté tramitando. Existe un parón generalizado en la Justicia y dilaciones importantísimas.

Y además es un encarecimiento de la Justicia para los ciudadanos al introducir un trámite adicional. Por tanto el balance es francamente negativo a día de hoy, y sobre todo no solo para los profesionales, sino para los ciudadanos.

García Ortiz

Tras al reciente anuncio de la actualización de los baremos del turno de oficio por parte del Ministerio de Justicia y los acuerdos para incrementarlos progresivamente en Madrid, ¿la situación del turno de oficio sigue siendo preocupante?

El turno de oficio es uno de nuestros pilares esenciales de nuestro estado de bienestar. Sin una justicia gratuita que retribuya a los profesionales que la ejercen tenemos una desigualdad de medios y, por tanto, una precariedad para el justiciable. En el caso de la Comunidad de Madrid es la primera vez en la historia que se ha firmado un acuerdo de actualización de baremos anual que significa tratar de recuperar la falta de actualización siquiera del IPC. Además se han incorporado el pago de actuaciones que hasta ahora no se venían retribuyendo.

En la Audiencia Nacional la situación es límite.

Ahora mismo el principal problema lo tenemos en la Audiencia Nacional, donde hay una caída libre de profesionales dispuestos a asumir los casos y además en un tribunal especialmente sensible puesto que afecta a principios básicos de la seguridad del Estado; recordemos que en la Audiencia Nacional se llevan casos de terrorismo, de falsificación de moneda, de narcotráfico a gran escale, extradiciones... Y a día de hoy no hay profesionales dispuestos a asumir la defensa en las condiciones de precariedad o semiesclavitud en las que se está prestando. Sin un aumento inmediato por parte del Ministerio de los baremos establecidos en la Audiencia Nacional y en causas complejas habrá un colapso de la Administración de Justicia en la Audiencia Nacional. Porque sin abogado no es posible enjuiciar a cualquier ciudadano. Estamos en una situación de riesgo por la falta de abogados dispuestos a acudir a la Audiencia Nacional. Al igual que las infraestructuras, si no se mantienen las estructuras jurídicas también existe el riesgo de colapso.

Aludía antes a los recursos que se cruzan en el camino de ICAM Universidad ¿Qué aportará a la institución la puesta en marcha de uno de sus proyectos estrella?

Es el fruto de la alianza estratégica entre la mayor universidad pública de España y la mayor corporación de derecho publico de Europa. Ambas tienen un objetivo común: ofrecer a la ciudanía los mejores profesionales. Durante un tiempo se ha producido cierta separación entre la universidad y el ejercicio profesional, por lo que esta alianza es un abrazo a la mejor cualificación de los profesionales que busca generar un nuevo modelo de futuros juristas capaces de servir a la ciudadanía desde la perspectiva práctica que significa el ejercicio de la abogacía. Por lo tanto es un instrumento de progreso social y, también, de servicio a la ciudadanía entre dos instituciones públicas. La aprobación del centro ha pasado por los informes previos de los servicios jurídicos del colegio, por la Junta de Gobierno, por la aprobación del Consejo General de la Abogacía y del Consejo de Universidades, del Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense y de la Comunidad de Madrid. Tiene todos los informes jurídicos favorables y por lo tanto cuando ha habido más de una decena de informes favorables y ninguno ha sido obstáculo para la aprobación es muy remota la posibilidad de que se frustre el proceso por esos recursos, máxime cuando algunos de ellos no tienen ni legitimación activa para interponerlos.

¿Si no sale adelante por esos recursos lo entenderá como una represalia por la actuación del Colegio en el procedimiento contra García Ortiz?

Si no sale el proyecto porque los tribunales entienden que no es procedente seguiríamos trabajando para buscar cualquier otra fórmula que contribuya a la formación de nuestros compañeros como futuros abogados. Sería fruto de la aplicación de la normativa vigente y habría que buscar otras fórmulas para hacerlo posible. El ICAM lleva en todo caso desde 1596, 430 años, y seguiría muchos más.