Javier Velasco, presidente de DMD: "Detrás de Abogados Cristianos hay un boicot ideológico a la eutanasia"

El combate contra la eutanasia emprendido por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos ha pinchado en hueso. Al menos de momento: una jueza de Barcelona avaló este lunes el derecho a la prestación parar morir de una joven en Barcelona cuyo caso había pasado por todos los filtros médicos que prevé la ley. La organización Derecho a Morir Dignamente (DMD) está satisfecha con el resultado. Lo contrario habría abierto una puerta a “quienes quieren llevar una ley con un apoyo político y de la población transversal por el lodazal de la judicialización”, apuntaban en un comunicado difundido tras conocerse el pronunciamiento.

Sin embargo, el presidente de DMD, Javier Velasco, asume en esta entrevista que “no será el último caso, teniendo en cuenta que detrás está Abogados Cristianos” y teme que estas situaciones generen inseguridad a los comités de médicos que evalúan las peticiones de eutanasia, además de multiplicar el sufrimiento de los solicitantes. “Ya de por sí hay profesionales a los que les cuesta. Algunos por conciencia, y ahí no hay nada que decir; pero a otros porque van saturados de trabajo y es complejo. Si sienten inseguridad jurídica, dirán: que lo haga otro”, afirma.

¿Qué implica esta sentencia?

Esta sentencia implica que por primera vez en España hay un pronunciamiento judicial que no admite a trámite el intento de paralización de una prestación concedida y reclamada después por un familiar. No soy jurista, pero el derecho a la eutanasia es un derecho personalísimo como la disposición de la propia vida. Solo la persona solicitante tiene capacidad para posponer o renunciar a esta prestación. Ninguna tercera persona puede intervenir.

El padre, asesorado por el gabinete jurídico de Abogados Cristianos, alegaba tres razones. La primera, que la solicitante –cuyo nombre es Noelia– no tiene capacidad para formular la petición y aquí lamentamos que hay muchas personas que asocian cualquier trastorno mental a la incapacidad de tomar decisiones. Eso no es cierto. Es un tópico y un estigma, y de hecho la jueza ha considerado que tiene conservadas sus capacidades. El segundo elemento del recurso era que no se cumplían los requisitos legales, ante lo cual la magistrada se ha posicionado igual que los médicos que intervinieron en la valoración: Noelia tiene un padecimiento crónico e imposibilitante que le está provocando un gran sufrimiento. El tercer motivo se relacionaba con que, según la demanda, se habían vulnerado las normas esenciales del procedimiento, algo que también se ha negado.

¿La petición de eutanasia por una enfermedad mental grave es una pendiente resbaladiza donde es más fácil que todo se embarre? ¿La ley no es suficientemente clara con este tipo de situaciones? 

La ley no habla de enfermedades y eso nos parece positivo, sino de dos casos: una situación de gravedad con muerte inminente o un padecimiento grave crónico e imposibilitante, que sería este caso. El trastorno mental supone una complejidad específica, entre otras cosas porque no hay otro tipo de enfermos que estén tutelados jurídicamente y porque se puede dudar de su capacidad para decidir, pero defendemos que no se pueden excluir estos trastornos de la norma.

¿Temen que vuelvan a judicializarse más casos o consideran que este pronunciamiento puede ejercer de barrera de contención ante esas intenciones?

No creo que sea el último, habrá más casos teniendo en cuenta que detrás está Abogados Cristianos. Aunque suene polémico decirlo, sabemos que detrás de esto hay un boicot ideológico que quiere dificultar el desarrollo y la puesta en marcha de la ley de eutanasia. Si sumas el sufrimiento de un padre o madre con la manipulación o la coerción emocional de Abogados Cristianos puede que ocurra más veces. No cejarán, seguirán embrollando si hay progenitores con la debilidad emocional del momento para engancharles.

¿Abogados Cristianos va a recurrir la decisión de la jueza?

Sí, la van a apelar.

¿Y eso paraliza la prestación hasta que se resuelva?

No tenemos claro si al haber un recurso hay que esperar o no. Esperamos que se pueda realizar porque la prestación estaba programada para agosto y estamos en marzo. Esto se podría alargar años, pero son cosas muy novedosas porque es la primera vez que pasa y aún no lo sabemos con certeza.

¿Cuántos casos de demandas de este tipo tiene registrados DMD en España?

Solo dos casos: este y otro que hubo en Barcelona que afectaba a un hombre de 55 años, pero entonces no se celebró vista. También hubo otra situación en Galicia de una persona que tenía concedida la prestación. Vivía con su madre porque era muy dependiente y el día que fue el equipo sanitario a su casa no quiso abrir. La persona solicitante, finalmente, decidió posponer su decisión sine die.

¿Qué consecuencias tiene para los solicitantes esta demora?

Suena duro pero a veces prefieren optar por otra cosa y esta otra cosa es suicidarse. En el caso de Noelia es horrible porque estás viviendo en contra de tu voluntad cuando ya te han reconocido un derecho. Si el proceso es tedioso porque implica, por ser garantista, dar muchas explicaciones y cuando ya está concedido te lo paran... Y además tu padre. Es una ambivalencia muy compleja.

Si hay juicio, además, la persona se ve expuesta a justificarse ante un tribunal.

Es violento. Más si el interrogatorio viene de Abogados Cristianos. El coste es inadmisible y cruel. Además hay otro aspecto que tenemos que considerar: qué implica descalificar a la comisión de garantías y evaluación (el órgano decisor que prevé la ley). Nos da miedo que haya profesionales que duden de ser parte de las comisiones por posibles repercusiones legales.

¿Piensan que la judicialización puede desincentivar a los médicos de participar en estos procesos?

Si ocurre más veces sí porque ya de por sí hay profesionales a los que les cuesta. Algunos por conciencia, y ahí no hay nada que decir; pero a otros porque van saturados de trabajo y es complejo. Si sienten inseguridad jurídica, dirán: que lo haga otro.

Pero, de haber sido otro el veredicto de la jueza, ¿habría tenido consecuencias para la comisión de garantías?

No, pero da para cuestionarlos. Es casi como llevarlos a juicio por la decisión aunque no haya reproche penal.