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Cuatro grandes despachos litigan en México contra políticas energéticas

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								Cuatro grandes despachos litigan en México contra políticas energéticas

En México destacan cuatro grandes despachos que litigan casos relacionados con el sector energético: White & Case, a cargo de Ismael Reyes Retana; Galicia Abogados, representado por Manuel Galicia; Greenberg Traurig, a cargo de David Guerrero; y Dentons López-Velarde, de Rogelio López Velarde.

El lunes pasado, en la víspera de que la Cámara de Diputados aprobara ayer la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “traidores a la patria” a aquellos abogados que defienden a empresas extranjeras contra la reforma eléctrica.

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De acuerdo con autoridades consultadas, uno de los grupos de abogados más relevante en este segmento es el de Dentons López-Velarde, en cuyas manos estuvo el laudo de 230 millones de dólares que la Corte de Arbitraje Internacional de Londres ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pagarle al consorcio conformado por Caabsa, Omega y la china Sinohydro, como reparación de daños ante la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.

En 2017, la compañía eléctrica nacional canceló el proyecto con un avance de 17 por ciento en la construcción del mismo, ante la imposibilidad de avanzar por conflictos sociales, por lo que el arbitraje procedió, y tras tres años de disputas, se ordenó que la CFE indemnizara a las empresas, quienes inicialmente tenían previsto invertir más de 380 millones de dólares en el proyecto. En julio de 2020, la CFE afirmó que analizaría la impugnación del laudo, aunque no ha dado más detalles sobre su estrategia.

Otro de los casos que Dentons López-Velarde pudo ganar fue el juicio que la canadiense ATCO estableció en contra de la CFE por los 65 millones de dólares que no pudo invertir en un gasoducto de 17 kilómetros del Ramal Tula que suministraría el hidrocarburo a la termoeléctrica que opera la CFE en dicha localidad de Hidalgo, y cuya construcción fue detenida en 2015 por conflictos con ejidatarios.

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Dentons López-Velarde fue también la firma que litigó la Controversia Constitucional que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, publicada en mayo de 2020 por la Secretaría de Energía (Sener), que finalmente derivó en el desecho de la mayoría de su estructura, obligando al gobierno de México a reabrirle las puertas a las renovables, pese a que la propia CFE estima subsidios por 250 mil millones de pesos por costos de transmisión no reconocidos.

Previo a la declaratoria de inconstitucionalidad, la política de la Sener recibió varios reveses impulsados por las cuatro grandes firmas; “la mayoría (de los juicios) los llevamos entre las cuatro... con lo que dijo el Presidente, ahora nos sentimos como blancos móviles”, afirmó una fuente relacionada con los despachos.

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Las fuentes consultadas informaron además que algunos de estos cuatro grandes despachos también participaron, al principio de la administración de López Obrador, en la negociación de los contratos para la construcción de gasoductos llamados por Manuel Bartlett, director de la CFE, como “leoninos”, y a los que se llegó a un acuerdo, sin necesidad de apelar a arbitrajes internacionales.

Sin embargo, existen también otros despachos que han intervenido en la cruzada a favor de las fuentes renovables. Ahí destacan las firmas Martens Abogados, de Federico Martens; y Mijangos y González Abogados, de Javier Mijangos y González, quienes por separado cimentaron parte de los 172 juicios de amparo que fueron interpuestos por empresas privadas, tanto consumidores como generadores, a la política de confiabilidad.

Otros que lograron frenar dichas disposiciones fueron la ONG Defensa Colectiva, integrada por un equipo de dos jóvenes abogados asesorados por la investigadora Miriam Grunstein; detrás de ellos vendrían el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), quien con Greenpeace, por separado y con equipos legales propios, aportaron a la detención de la política energética del Poder Ejecutivo.

lvm

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