¿Qué pasa si Torra no retira los lazos amarillos ni las esteladas?
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La Junta Electoral Central acordó la semana pasada instar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a que retirara los lazos amarillos y esteladas de los edificios y espacios públicos catalanes.
De esta forma, el órgano encargado de velar por la imparcialidad de estos procesos, recordó al dirigente autonómico que un Ejecutivo regional no puede tomar partido por ninguna de las opciones.
Sin embargo, Torra desoyó en un primer momento el requerimiento de la Junta Electoral, que ayer amplió el plazo en otras 24 horas para que se proceda a la retirada de estos símbolos, muy ligados a la causa secesionista.
Esta mañana el Govern se reúne y se espera que de dicho encuentro salga la postura que mantendrá el Gobierno catalán. Si Torra decide acatar el mandato de la Junta Electoral, el caso no tendrá más recorrido, pero si por el contrario no lo hace, estará incurriendo en un delito de desobediencia.
No sería inmediato
Para que se aplicara este delito, la Junta Electoral tendría que llevar el caso a los tribunales. Finalmente, si Torra fuera condenado finalmente por este delito, la pena implicaría la inhabilitación política que ya ha sido impuesta, por otros motivos -es el caso del referéndum de 9-N de 2014- a otros políticos secesionistas, como el expresidente catalán Artur Mas.
En este caso se aplicó el artículo 410 del Código Penal para castigar la actitud de los políticos secesionistas, que delimita la pena de inhabilitación para ejercer un cargo público en un periodo de entre seis meses y dos años. Al margen de la vía judicial, Torra también podría exponerse a una pena económica no mayor a 3.000 euros por la vía administrativa.
Eso sí, al igual que ocurrió con más o el resto de políticos condenados por el 9-N, si el caso terminara en la vía judicial, se abriría un proceso que podría alargarse durante durante años, antes de que sobre Torra pesara una hipotética condena en firme.
De esta forma, el órgano encargado de velar por la imparcialidad de estos procesos, recordó al dirigente autonómico que un Ejecutivo regional no puede tomar partido por ninguna de las opciones.
Sin embargo, Torra desoyó en un primer momento el requerimiento de la Junta Electoral, que ayer amplió el plazo en otras 24 horas para que se proceda a la retirada de estos símbolos, muy ligados a la causa secesionista.
Esta mañana el Govern se reúne y se espera que de dicho encuentro salga la postura que mantendrá el Gobierno catalán. Si Torra decide acatar el mandato de la Junta Electoral, el caso no tendrá más recorrido, pero si por el contrario no lo hace, estará incurriendo en un delito de desobediencia.
No sería inmediato
Para que se aplicara este delito, la Junta Electoral tendría que llevar el caso a los tribunales. Finalmente, si Torra fuera condenado finalmente por este delito, la pena implicaría la inhabilitación política que ya ha sido impuesta, por otros motivos -es el caso del referéndum de 9-N de 2014- a otros políticos secesionistas, como el expresidente catalán Artur Mas.
En este caso se aplicó el artículo 410 del Código Penal para castigar la actitud de los políticos secesionistas, que delimita la pena de inhabilitación para ejercer un cargo público en un periodo de entre seis meses y dos años. Al margen de la vía judicial, Torra también podría exponerse a una pena económica no mayor a 3.000 euros por la vía administrativa.
Eso sí, al igual que ocurrió con más o el resto de políticos condenados por el 9-N, si el caso terminara en la vía judicial, se abriría un proceso que podría alargarse durante durante años, antes de que sobre Torra pesara una hipotética condena en firme.