El Gobierno de Pradales no autorizó en tiempo y forma el salto de la exconsejera Gotzone Sagardui a una clínica privada

El Gobierno de Imanol Pradales no autorizó en tiempo y forma el salto de la exconsejera de Salud con Iñigo Urkullu entre 2020 y 2024, Gotzone Sagardui, también del PNV, a la dirección médica de una clínica privada del centro de Vitoria, Vithas San José, cuyo titular es Iquimesa. La luz verde definitiva de la Administración, preceptiva por ley en los dos años posteriores al cese para todos los excargos, ya que hay que revisar que no se incurra en un conflicto de intereses, fue firmada el 30 de enero de 2025, es decir, 23 días después de que Sagardui empezara en su nuevo puesto de trabajo y 22 después de que este periódico adelantara la noticia. Es más, en esa fecha ese trámite era ya totalmente innecesario porque se había excedido el plazo máximo para responder a la solicitud de Sagardui, que era de noviembre, de modo que ya podía empezar a trabajar con normalidad por silencio administrativo.

Sagardui cumplió con su obligación como excargo del Gobierno y pidió permiso para saltar a la Sanidad privada el 27 de noviembre de 2024. La solicitud venía acompañada de una oferta de trabajo datada ese mismo día en la que se detallaban las nuevas funciones que Vithas pretendía asignar a las exconsejera. En concreto, buscaban una “directora médica” de “plena dedicación” a partir del 7 de enero de 2025. El salario estipulado era de 95.000 euros brutos anuales –un consejero vasco cobra por encima de los 105.000 euros– más un variable del 20% en función de los objetivos. También se le ofertaban seguros médicos privados para ella y para su familia. La oposición ha calificado este salto como una “puerta giratoria”.

La ley autonómica de 2014 estipula que la Administración debe analizar la solicitud y responderla en un plazo “máximo” de treinta días. Asimismo, deja claro que la no resolución del expediente “transcurrido dicho plazo de un mes” permite a la persona interesada “iniciar su desempeño” en la privada. El decreto de 2016 que desarrolla esta norma se expresa en términos muy similares. Antes, en un plazo de diez días, se debe iniciar la tramitación con un informe al departamento del alto cargo aludido para que detalle posibles conflictos de intereses antes de que la consejera María Ubarretxena firme la resolución definitiva.

Sin embargo, el expediente completo de este caso, enviado al Parlamento Vasco a petición del PP, deja claro que no se cumplieron esas premisas. Además, en la documentación oficial hay abundantes errores tanto en el nombre de la exconsejera –se la llama “Gagoone” o “Gotxone” en algunos momentos– como de la empresa contratante –a veces es “Iquimesa” y otras “Inquimesa”–. Fuentes del Ejecutivo explican que Sagardui sí recibió de modo “informal” una respuesta en el plazo estipulado porque ya se sabía que no había incompatibilidades y achacan a “temas internos” que la firma de la resolución se retrasara tantas semanas.

Si Sagardui hizo su solicitud el 27 de noviembre, hasta el 16 de diciembre no se pidió a Salud desde el área de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, la que gestiona las políticas de personal y de altos cargos, el informe que debería haberse reclamado en diez días. Los servicios jurídicos de Salud, el 23 de diciembre, sí emitieron ya un certificado en el que negaban tener contratos o subvenciones con Iquimesa, que es la empresa detrás de la clínica Vithas San José de Vitoria. Sin embargo, el expediente quedó completamente parado todas las vacaciones de Navidad.

La exconsejera se incorporó a su nuevo puesto el 7 de enero, después de los Reyes Magos. A las 24 horas, este periódico informó de su fichaje. Ese día, fuentes oficiales del Ejecutivo recalcaron que Sagardui tenía la autorización administrativa preceptiva. El propio consejero de Salud, Alberto Martínez, lo dijo también en una rueda de prensa cuando se le preguntó por esta noticia. “Está evaluado dentro del Gobierno y tiene luz verde”, manifestó. El 9 de enero, Vithas anunció oficialmente la incorporación de su nueva directora médica y acompañó la información de una fotografía de ella con la bata en la propia policlínica.

Sin embargo, el expediente muestra que el 21 de enero llegó un nuevo informe de Salud sobre las relaciones de la Administración con el grupo empresarial detrás de Vithas San José. Ese documento ya es más matizado que el primero, que simplemente negaba cualquier relación contractual. La misma letrada que firmó el primer documento en diciembre amplía ahora el foco a otras empresas relacionadas con Iquimesa como Goodgrower y Grupo Corporativo Landon y a todo el grupo Vithas. Y añade que, aunque Osakidetza o Salud no tuvieran relación económica alguna con estas mercantiles entre 2020 y 2024, el Centro de Transfusiones y Tejidos Humanos, dependiente de Osakidetza, sí tiene “como cliente” a Iquimesa Servicios Sanitarios“ y que, ádemas, ”actualmente le debe dinero“. No se concreta nada más. Cuatro días después se matizó ese documento con un documento sin membretes y se explicó que el Centro de Transfusiones y Tejidos Humanos es el único banco de ”sustancias de origen humano“ y que Vithas San José accede a ellas como todos los hospitales públicos y privados de Euskadi, abonando las tarifas prefijadas. Por ello, se considera que no es una ”relación directa“ que pueda comprometer la contratación de Sagardui.

Ese mismo 21 de enero, en rueda de prensa, Ubarretxena explicó que la información sobre la compatibilidad de Sagardui, que ha de ser pública por ley, iba a salir en breve, aunque dio a entender que el expediente ya estaba finalizado y resuelto a su favor. El 10 de enero, la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, aludió al asunto y también aseguró que la exconsejera reunía todas las condiciones para saltar a la privada.

Así las cosas, ya muy fuera de plazo, el 29 de enero es cuando se elaboró la propuesta de informe definitivo que efectivamente rechazaba cualquier conflicto de intereses o ilegalidad en el nuevo puesto de la exconsejera de Salud. Venía respaldado por Alicia Cristóbal, responsable del Registro de Personal. La consejera Ubarretxena lo recibió a las 17.17 horas de ese día y a las 8.40 horas de la mañana, tras la firma que lo hacía definitivo, ya estaba listo para su envío a Sagardui, que lo recibió a las 9.05 horas de esa misma jornada, siempre según los datos oficiales. Se da la circunstancia de que en la propia orden firmada por Ubarretxena consta un recordatorio de los plazos legales exigidos y que no se cumplieron.

Desde el Gobierno, preguntados por este expediente, insisten en que “antes de Navidad” a Sagardui “ya se le había comunicado” de un modo “informal” que no había ningún problema, aunque eso no consta en el expediente. Sí se asume que la fecha de la resolución es “tardía” pero lo justifican por problemas “internos”. Recalcan que el 23 de diciembre ya se conocía que no había incompatibilidad alguna a la luz del informe sobre las relaciones entre Osakidetza y Vithas y que el informe final de la consejera Ubarretxena es simplemente “el cierre de un procedimiento” que acredita lo que ya estaba claro semanas atrás, en tiempo y forma. Se insiste también en que como el caso fue controvertido al saltar a la luz pública se pidieron más informes para descartar cualquier conflicto de intereses. “Hemos querido ser muy puristas y muy rigurosos”, indican desde el Gobierno.