Sánchez promete a Bruselas una gran subida de impuestos para compensar el mayor gasto

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 consolidarán el crecimiento del gasto público realizado durante la pandemia, lo que implica un importante salto del déficit estructural. Mientras las reglas fiscales sigan suspendidas por la Comisión Europea, el Gobierno tendrá margen para realizar una política expansiva, pero previsiblemente en 2023 cambiará el reloj del ciclo fiscal y los países que hayan elevado su gasto tendrán que apretarse el cinturón, como es el caso de España. El Gobierno ha prometido a Bruselas, en su nuevo Plan Presupuestario para el año 2022, que reducirá este nuevo déficit estructural con subidas de impuestos.

No es la primera vez que lo hace, ya que el Gobierno se comprometió a una reforma fiscal como parte de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahora da un paso más y señala que ese incremento de la recaudación servirá para reducir el déficit estructural. En concreto, el Plan Presupuestario, remitido en la noche del viernes a Bruselas, señala que se utilizarán “estos crecimientos [de la recaudación] para ajustar el déficit estructural”. “De esta forma se garantizará la sostenibilidad a medio plazo del estado del bienestar“, explica el Gobierno en el documento.

Para el Ejecutivo es “necesario acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, ya que España presenta un diferencial negativo de ingresos en relación con la Unión Europea”, y matiza: “Los objetivos que se persiguen con la reforma del sistema tributario español es hacerlo más equitativo, progresivo y justo”. Aunque no anuncia ninguna medida concreta, ya que sigue esperando a que la comisión de expertos nombrada emita sus conclusiones el próximo mes de febrero, Hacienda pone el foco en algunas de las medidas tributarias a las que quiere prestar “especial atención”. Esto es, los impuestos que ya está pensando en subir aunque no tenga el informe de los expertos. Son cinco figuras fiscales: “Fiscalidad medioambiental, imposición societaria, tributación de la economía digitalizada, aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial y fiscalidad de las actividades económicas emergentes”.

Esto significa que la futura reforma fiscal afectará a un gran abanico de impuestos con el objetivo de elevar su recaudación y hacerlos más progresivos. Entre las medidas prometidas a Bruselas destaca la “armonización de la tributación patrimonial”, ya que esta propuesta ha generado mucha polémica en el pasado. El impuesto sobre el patrimonio está cedido a las comunidades autónomas y algunas lo tienen bonificado, como es el caso de Madrid, lo que ha sido tachado por otras regiones como competencia fiscal desleal. En este plan presupuestario, el Gobierno se compromete a armonizar esta tributación en el territorio.

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