Cobrar más impuestos a videojuegos violentos: La nueva propuesta de México que afectaría a GTA y Call of Duty
México propone un impuesto del 8 % a videojuegos violentos, que aplicaría solo a títulos extranjeros y encarecería algunos de los juegos más populares, generando debate por su impacto en el mercado.
México ha aprobado una curiosa y polémica propuesta en su Paquete Económico 2026: aplicar un impuesto especial del 8 % a los videojuegos violentos, una medida que busca desincentivar su consumo y que podría encarecer sagas tan populares como GTA o Call of Duty.
La propuesta forma parte de los llamados "Impuestos saludables", junto al tabaco y las bebidas azucaradas. Según el documento, "estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos violentos y un mayor nivel de agresión en adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos como aislamiento y ansiedad". Por ello, se plantea aplicar el gravamen a juegos clasificados en México como C y D, equivalentes a las categorías Mature (M) y Adults Only (AO) de la ESRB, o el PEGI 18 de Europa.
Sergio Fuentes Rodríguez, responsable del Sector de Industrias Creativas de la Secretaría de Economía, explicó que la intención es que el impuesto aplique únicamente a videojuegos de origen extranjero, dejando exentos los producidos en México. El objetivo, afirmó, es "no desincentivar a la industria desarrolladora nacional que se está consolidando en el país".
Sin embargo, especialistas advierten que esta diferenciación puede vulnerar la libre competencia. David Santiváñez Antúnez, CEO de GameMetron, señala que la medida tendría un carácter proteccionista indirecto, generando tensiones comerciales con socios como Estados Unidos y Japón.
El impuesto sería ad valorem, es decir, calculado sobre el valor del producto o servicio. Aplicado junto con el IVA, elevaría el precio final en aproximadamente un 24 %. Además, si un servicio digital combina juegos violentos con otros aptos para todo público y no separa el precio en la factura, la autoridad fiscal asumirá que el 70 % del monto corresponde a títulos violentos, aplicando sobre esa base el gravamen.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, el 26 % de los jugadores en México juegan a shooters, uno de los géneros más afectados por la medida. Analistas advierten que, en un mercado ya presionado por el alza en los costos de importación, este nuevo impuesto podría frenar el crecimiento que ha experimentado la industria de los videojuegos en los últimos años.
En mayo de este año, la presidenta de México criticó duramente la violencia en los videojuegos y, aunque no está a favor de su prohibición, sí propuso generar nuevas opciones de entretenimiento y cultura menos violentas, que puedan ser acogidas por toda la sociedad.
México ha aprobado una curiosa y polémica propuesta en su Paquete Económico 2026: aplicar un impuesto especial del 8 % a los videojuegos violentos, una medida que busca desincentivar su consumo y que podría encarecer sagas tan populares como GTA o Call of Duty.
La propuesta forma parte de los llamados "Impuestos saludables", junto al tabaco y las bebidas azucaradas. Según el documento, "estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos violentos y un mayor nivel de agresión en adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos como aislamiento y ansiedad". Por ello, se plantea aplicar el gravamen a juegos clasificados en México como C y D, equivalentes a las categorías Mature (M) y Adults Only (AO) de la ESRB, o el PEGI 18 de Europa.
Solo a títulos extranjeros
Sergio Fuentes Rodríguez, responsable del Sector de Industrias Creativas de la Secretaría de Economía, explicó que la intención es que el impuesto aplique únicamente a videojuegos de origen extranjero, dejando exentos los producidos en México. El objetivo, afirmó, es "no desincentivar a la industria desarrolladora nacional que se está consolidando en el país".
Sin embargo, especialistas advierten que esta diferenciación puede vulnerar la libre competencia. David Santiváñez Antúnez, CEO de GameMetron, señala que la medida tendría un carácter proteccionista indirecto, generando tensiones comerciales con socios como Estados Unidos y Japón.
El impuesto sería ad valorem, es decir, calculado sobre el valor del producto o servicio. Aplicado junto con el IVA, elevaría el precio final en aproximadamente un 24 %. Además, si un servicio digital combina juegos violentos con otros aptos para todo público y no separa el precio en la factura, la autoridad fiscal asumirá que el 70 % del monto corresponde a títulos violentos, aplicando sobre esa base el gravamen.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, el 26 % de los jugadores en México juegan a shooters, uno de los géneros más afectados por la medida. Analistas advierten que, en un mercado ya presionado por el alza en los costos de importación, este nuevo impuesto podría frenar el crecimiento que ha experimentado la industria de los videojuegos en los últimos años.
En mayo de este año, la presidenta de México criticó duramente la violencia en los videojuegos y, aunque no está a favor de su prohibición, sí propuso generar nuevas opciones de entretenimiento y cultura menos violentas, que puedan ser acogidas por toda la sociedad.